Junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en una de las mejores zonas de Valencia, se construye en estos momentos una inmensa iglesia que honrará la memoria de los religiosos asesinados durante la Guerra Civil. El Ayuntamiento ha sido uno de los principales benefactores de esta obra, ya que cedió el solar al Arzobispado tras una permuta cuya rentabilidad para las arcas públicas ha sido muy cuestionada por la oposición socialista.
La Iglesia no escatimará en gastos para el santuario de los mártires valencianos. En la memoria descriptiva del proyecto, se detallan sus características: ocupará una superficie de 2.880 metros cuadrados y el templo se instalará en el interior de una antigua fábrica, edificio catalogado y protegido por su valor patrimonial. Tendrá un sagrario monumental, pavimentos de mármol y podrá albergar a 1.300 fieles, pero su capacidad será ampliable en acontecimientos extraordinarios. Pretende ser un centro de referencia para el Arzobispado.
Al otro lado de la ciudad, en las fosas comunes del cementerio, reposan los huesos de los represaliados del otro bando, el republicano. Son muertos incómodos, incontables, que no tienen lápida ni indicación alguna porque sobre ellos se han construido miles de nichos a lo largo de la dictadura. Lejos de organizar cualquier reconocimiento u homenaje, el Consistorio trató hace dos años de cubrir uno de los pocos espacios libres de cemento con nuevos panteones.
Fusilados sin reconocimiento
El Forum per la Memoria del Pais Valencià denunció al Ayuntamiento y consiguió evitar las obras a costa de establecer una batalla legal que todavía continúa. La asociación ganó la primera sentencia, que prohibía cualquier edificación. El Ayuntamiento no reculó: presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esta vez ganó: los magistrados consideraron que los miembros del Forum no estaban legitimados para defender el honor de los enterrados porque no eran familiares directos. La reacción del colectivo fue poner el caso en manos del Tribunal Constitucional. Mientras no se conozca su veredicto, la fosa, llamada la siete por el lugar que ocupa en el cementerio, está abandonada y cubierta de malas hierbas.
“Es un inmenso agravio comparativo”, lamenta Amparo Salvador, portavoz del Forum. Los religiosos asesinados “llevan 70 años de honores y reconocimientos y sus familiares saben dónde están enterrados. Mientras, la única fosa que queda sin tapar en el cementerio no está señalizada y hay que luchar en los tribunales contra el Ayuntamiento para que no la llenen de nichos”. Las asociaciones valencianas por la memoria piden que se conserve el lugar y se haga un reconocimiento oficial de los enterramientos.
Fuente: http://www.publico.es/148421/monumento/martires
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